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IVA y SICAVs, la estafa silenciosa

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En las primeras horas de la mañana del pasado lunes, día 3 de septiembre, al igual que otros muchos millones de españoles, tuve la oportunidad de comprobar por mí mismo cómo el café (solo y con hielo como a mí me gusta en cualquier época del año), cuesta ahora un euro cuarenta en mi cafetería habitual. Para los nostálgicos, doscientas treinta y tres de las antiguas pesetas. Es decir, lo que hace menos de quince años hubiese sido aproximadamente el precio de dos cafés y un paquete de chicles matadores del aliento. La Nación entera era consciente en su vuelta al trabajo tras las vacaciones de que no había tenido un mal sueño: el Gobierno de Mariano Rajoy acababa de subir los tipos reducido y general del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dos y tres puntos porcentuales, respectivamente. 

En noviembre pasado, cuando los españoles dieron su confianza en las urnas a la derecha de salón, ésta voceaba a los cuatro vientos poseer el bálsamo de Fierabrás que habría de salvar la economía nacional en un breve plazo de dos años. Menos de diez meses después ha traicionado las reglas más elementales de “su” ideología económica subiendo los impuestos. Matizo: subiendo los impuestos INDIRECTOS en el contexto de una economía en RECESIÓN, lo cual ya son palabras mayores. Cierto es se trata de una medida de urgencia contra el déficit público. Pero no es menos cierto que la teoría neoliberal (en lo que posiblemente sea su única aportación útil a esta ciencia inútil que es de por sí la economía), defiende que la relación ingreso público - tipo impositivo no es una función exponencial (a mayor tipo, mayor recaudación), sino una campana de Gauss con un punto óptimo en el cual se da una recaudación máxima. Si los tipos exceden de ese determinado punto, el impacto en el ingreso de la Hacienda Pública pasará a ser negativo. Es lo que se denomina el “efecto Laffer”, una modelización algebraica de lo que en mi tierra se llama “sentido común”. Su autor, Arthur Laffer, no especificó cuál es ese punto exacto, porque no existe un óptimo universal. Se supone que éste variará dependiendo del país, del contexto macroeconómico y de una serie de factores ajenos al modelo con escasa influencia relativa sobre aquél. Yo personalmente no conozco cuál es el tipo de IVA óptimo para España en este momento concreto de la Historia. Lo que sí sé es que mi decisión como “homo oeconomicus” que elige “alternativas racionales” fue, ante el aumento de precio, sacar a partir de ahora el café de la máquina del trabajo, que me sale gratis (y hasta dispongo de hielo dentro del congelador, con lo cual nada tengo que perder). Está feo decirlo, pero mi renta mensual es más elevada que la de mis compatriotas en términos medios, y aun así he tomado esta resolución sobre un producto que consumo a diario. Ello me induce a pensar que individuos con rentas más bajas pronto tomarán decisiones similares o incluso más drásticas. Y, por consiguiente, que los nuevos tipos de IVA exceden el óptimo de Laffer, de modo que la medida del ejecutivo rajoyista ha sido un error con potenciales consecuencias desastrosas.

Pero esto no debería extrañarnos en un país en el que la casta política se encuentra tan lejos de la realidad cotidiana como es España. Nuestros políticos creen que el café en la calle vale 80 céntimos (“aproximadamente”, eso sí, concedámosles un margen de error)

¿Qué cabe esperar de una Nación en la que existe un palmario divorcio entre la élite política y la sociedad civil cada día más acentuado? Si los políticos verdaderamente representaran al pueblo, no nos mentirían diciendo que “no había alternativa a subir el IVA”. Las había, y muchas (empezando por una reestructuración del Estado de las Autonomías). Pero quiero centrarme en algo que a mi modo de ver es un escándalo sin precedentes en la historia de la fiscalidad española. Se trata de las Sociedades de Inversión de Capital Variable, más conocidas como “las Sicavs”, o “donde meten el dinero los ricos”. Esta figura, importada por España a principios de la década de 2000 procedente de otros Ordenamientos europeos, es un ente de incierta naturaleza jurídica, híbrido entre una sociedad anónima y un fondo de inversión. Para su constitución se requiere un capital mínimo de 2’4 millones de euros, y al menos 100 partícipes. La principal ventaja que hace atractiva para las grandes fortunas a esta forma societaria respecto de otras opciones es que sus beneficios anuales tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades, mientras el tipo general de gravamen para el resto de empresas es del 30%. Hasta hace bien poco, tenían la ventaja adicional de poder reducir capital (desinvertir), sin tener que tributar por las plusvalías obtenidas. Es decir, se aplicaba la fictio iuris de que los fondos retirados por los socios era lo que habían invertido inicialmente, de forma que la plusvalía “era lo último que salía de la Sicav”. Se conseguía diferir así la tributación de la plusvalía hasta el momento de la liquidación definitiva de la sociedad. Una especie de analogía con el método first in, first out que emplea el Plan General Contable para la valoración de almacenes. Afortunadamente, gracias a un ataque de lucidez mental transitoria de Elena Salgado, este segundo chollo fiscal vio su fin hace dos años, en noviembre de 2010, y el diferimiento de la tributación de plusvalías ya no es posible.

Sin embargo, a día de hoy siguen campando a sus anchas estos grandes capitales, propiedad (entre otros) de Alicia Koplowitz, Emilio Botín, la familia Del Pino (dueña de la constructora Ferrovial), la familia Polanco (del Grupo Prisa), Juan Abelló (ex socio de Mario Conde), y una larga lista de inversores extranjeros (indios y árabes, en su mayoría), que eluden año a año la tributación general del Impuesto de Sociedades mediante el depósito de su fortuna en estos reductos de impunidad. Sólo el 1% de su beneficio llega a ingresar en las arcas públicas. Veintinueve puntos porcentuales menos que el bar de abajo o la panadería de la esquina.

Los españoles de la calle, los ciudadanos de a pie, no podemos seguir tolerando este tipo de atropellos. Hasta cierto punto es razonable que se pretenda “incentivar” la inversión por parte de los grandes capitales mediante un trato fiscal más favorable, pero de un 1% a un 30% hay una amplia horquilla donde situar el tipo. Lo que no es normal es que se recurra a una subida del IVA (el único impuesto que afecta a TODOS los españoles), mientras que estas fortunas continúan tributando a un 1%. No es ético, no es lógico, no es digno y, por no ser, ni siquiera es eficaz. Como colofón, las posibilidades de supervisión a las Sicav por parte de la Agencia Tributaria son muy reducidas, y las actuaciones inspectoras precisarán, en su caso, de la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La legislación sobre inversión colectiva así lo establece, en lo que fue una iniciativa (2005), de CiU, respaldada por los dos principales partidos del arco parlamentario. Los mismos partidos que prefieren subir los impuestos indirectos para ver cómo el poder adquisitivo de los españoles se reduce y el país empieza a pasar hambre. Los mismos que anteponen el mantenimiento del modelo autonómico, la financiación pública a partidos y sindicatos, la salvación de la banca, del euro y de la sociedad multiétnica y multicultural a las necesidades reales del pueblo español. Los mismos que tratan de convencernos de que “si les subimos el impuesto a las Sicav, se irán del país”. Mienten. La fuga de capitales con la que se nos atemoriza no es tan sencilla, una vez montada una sociedad en España. Para empezar, los accionistas que quisieran desmantelar una Sicav quedarían “radiografiados” ante Hacienda, ya que para trasladar el patrimonio al exterior es preciso liquidar la entidad. Las plusvalías de los socios-personas físicas deberían tributar entonces al 21% en el IRPF. El traslado de ese patrimonio fuera del país estaría sometido a fuertes controles, ya que existe una directiva comunitaria (la 2011/16) que obliga a los países a enviar información fiscal o a aplicar una retención a las inversiones de aquellos que depositen los ahorros en su territorio. Las Sicav no se irán de España aunque les suban el Impuesto de Sociedades. Con la vigente normativa societaria y fiscal, no tendrían forma de hacerlo sin tributar primero aquí por todas las ganancias obtenidas (lo cual, dicho sea de paso, supondría un ingreso considerable para el erario público). Es una de las múltiples falacias convertidas en verdades en el inconsciente colectivo. Lo único que se precisa es una clase política independiente de los poderes económicos, que devuelva la soberanía real al pueblo español, y que no tenga duda alguna de que la función de la economía es servir a la Nación, y no a los intereses de una minoría que juega al padel los domingos con el club Bildeberg.

Comentarios   

 
0 #1 polette 19-05-2013 16:20
Muy interesante. Yo sabia lo que aportaban el 1%, pero lo que no sabia, que les era imposible marcharse con el dinero sin pagar al estado (Hacienda)
GRACIAS.
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